Dicho estudio, que analiza sobre todo estadísticas de personas discapacitadas a nivel andaluz, concluye que, pese a las distintas acciones y políticas de discriminación positiva para el colectivo, actualmente existe un escaso acceso de los discapacitados a las Universidades lo que se traduce en la generación, mayoritariamente, de un empleo poco cualificado para este grupo de personas.
Según cifras del Servicio Andaluz de Empleo, a lo largo de 2010 en la provincia de Cádiz se crearon 4.669 contratos para personas con discapacidad. De estos contratos, 3.980 se registraron en el sector servicios. El gran peso de esta actividad económica en la contratación a personas con discapacidad ha sido recogido, igualmente, por el citado estudio de la UCA. Asimismo, tanto las cifras de contratación obtenidas del SAE para el año 2010 como las aportadas en el estudio de Garrido y Ferradans (cuya fuente es la Encuesta de Población Activa, EPA, del primer trimestre de 2011, para discapacitados en Andalucía) coinciden en señalar como ocupaciones más contratadas las vinculadas al personal de limpieza de oficinas, hoteles -camareras de piso- y establecimientos similares. Así, según el SAE, el 19,3% de la contratación a discapacitados en Cádiz durante 2010 fue generada por esta ocupación. Entre el resto de actividades más contratadas mencionadas en ambas estadísticas encontramos peones de las industrias manufactureras; camareros y trabajadores de los servicios de restauración; dependientes; y otros puestos administrativos.
En el apartado que las profesoras de la UCA dedican en su informe al acceso de los discapacitados a la Universidad, pese a las medidas que intentan facilitar esta incorporación (como la gratuidad de la enseñanza para el colectivo o el cupo de reserva de plazas, todo regulado desde el punto de vista normativo), los discapacitados con estudios universitarios terminados rondan el 7,2%, con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Este mismo porcentaje para la población general (incluyendo tanto a personas con alguna discapacidad como a aquellas que no la tienen) es de, aproximadamente, el doble en Andalucía.
En función de las causas de discapacidad, acceden menos a la Universidad las personas con deficiencias del lenguaje, del habla y mentales. Con todo, las investigadoras de la UCA establecen que, de unos años a esta parte, la cifra de estudiantes con discapacidad experimenta un crecimiento constante en todas las Universidades andaluzas. Además, sobre las titulaciones más demandadas, un estudio del Defensor del Pueblo Andaluz fija que los estudios de Magisterio, Derecho y Ciencias Empresariales son los más solicitados en Andalucía por este grupo de personas.
La investigación 'Discapacitados, Universidad y Empleo' destaca que en los últimos años se han adoptado diversas normas para favorecer el acceso de personas discapacitadas a la Universidad. Pese a ello, sus autoras consideran, en función de este estudio, que sería necesario, para mejorar la situación existente en la actualidad, adoptar toda una política universitaria en torno a la discapacidad para dar coherencia y unidad a las distintas acciones desarrolladas por cada Universidad andaluza. Entre las propuestas concretas para lograrla, se apunta a la realización de estudios estadísticos sobre los discapacitados matriculados en los centros; estudios de accesibilidad; y a la creación de una norma general sobre discapacidad que armonizara en un único texto legal las disposiciones dispersas entre los diferentes ordenamientos jurídicos.
Una persona de cada diez se ve afectada en la Unión Europea por alguna forma de discapacidad, lo que supone unos 38 millones de personas, de las cuales la mitad (19 millones) se encuentra en edad de trabajar.
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